Política fiscal e incentivos: censos, polos sanitarios y coparticipación municipal
Por Isidro Guardarucci (FIEL, FCE-UNLP)
Argentina es un país federal, cuya ley de Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.548) es su columna vertebral en términos de recursos. Si bien la descentralización municipal no goza de las mismas potestades que la provincial, existen distintos regímenes y mecanismos que replican de alguna forma el esquema nacional hacia el interior de las provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Ley 10.559 establece un mecanismo de distribución compuesto por coeficientes que responden a distintas variables que se van actualizando con el tiempo.
A saber, el porcentaje de coparticipación que recibe cada municipio se determina de acuerdo a la siguiente descripción: 35,9% por población; 13,34% en forma proporcional a la inversa de la capacidad contributiva per cápita ponderada por la población; 8,7% en proporción directa con la superficie del municipio; 12,95% en relación a las camas disponibles, nivel de complejidad y nivel de ocupación; 9,25% en relación a la cantidad de consultas médicas registradas con o sin internación; 3,7% en relación a la cantidad de egresos de pacientes registrados en establecimientos con internación; 7,4% en relación al número de pacientes por día en establecimientos con internación; 3,7% en relación al número de establecimientos hospitalarios sin internación; 5% se distribuye entre las Municipalidades que cubren servicios y funciones transferidas en el marco del Decreto-Ley 9343/79.
En las últimas semanas se hicieron públicas las dudas generadas por el Censo 2010. En particular, la discusión se centró sobre la población registrada en La Matanza, cuyo incremento había sido considerable en aquella medición. Más aún, los ratios que involucran datos administrativos sobre población total (como vacunación o electores), desde 2010 se mostraron por debajo del resto de los municipios del conurbano bonaerense. Según las estimaciones realizadas, cada habitante censado en 2010 reportará en 2022 casi $9.000 en concepto de coparticipación municipal, y si se acumula desde 2012 a la fecha, el monto acumulado a valores del corriente año se ubicaría en torno a los $95.000. Puesto en otros términos, por cada 1% de error en el cálculo de la población de La Matanza (casi 18.000 habitantes), los recursos adicionales habrían acumulado desde entonces unos $1.750 millones a valores actuales. Aun cuando no es posible aseverar que hayan existido errores deliberados, resulta evidente que desde la óptica económica los incentivos no pueden ignorarse. Todo lo demás constante, “censar gente” implica mayores recursos.
Pero la cuestión de los incentivos no se termina aquí, sino que va más allá del componente poblacional. Como se mencionase anteriormente, el 37% del total distribuido se determina por indicadores de salud, los cuales envían señales que van en contra de las mejores prácticas en materia sanitaria. Las variables utilizadas no se enfocan en la prevención, sino que premian las políticas de atención y curación. La existencia de “polos sanitarios” en el conurbano y un extenso anecdotario de municipios maximizando consultas médicas, son consecuencias esperables de una ley de coparticipación que brinda incentivos incorrectos. Menos evidente aún y difícil de medir, es esperable que en este contexto los esfuerzos por la atención temprana y prevención no sean maximizados.
No hay mal que por bien no venga. El censo por venir y la discusión de los días recientes nos invitan a pensar y discutir nuestros esquemas de distribución de recursos. Más aun, nos vienen a recordar que en políticas públicas los incentivos dados por señales de precios no pueden ser ignorados.
Fuentes
Dirección Nacional de Asuntos Municipales. Informe sobre la coparticipación a municipios de la provincia de Buenos Aires.
