Hábitos poco saludables: más vale prevenir que curar
Por Walter Rosales (FCE-UNLP)
Acaban de publicarse los resultados de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR, 2019) cuyo alcance comprende a todo el territorio nacional. Los resultados son preocupantes en términos de salud pública, marcando en muchos casos un incremento de la población con hábitos poco saludables, que pueden desencadenar en enfermedades crónicas, muertes prematuras o en pérdida de años de vida saludables. Surge la necesidad de revisar la agenda en materia de políticas públicas sanitarias.
Principales resultados de la ENFR (2019)
Se trata de la cuarta encuesta de carácter nacional que permite, entre otras cosas, monitorear la evolución de los principales factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles y evaluar el impacto de políticas de prevención y control realizadas.
Entre los resultados se destacan:
- El 65% de la población es sedentaria, incrementándose esta participación en casi 20% entre 2013 y 2018.
- Un 62% de la población con exceso de peso (incluyendo sobrepeso y obesidad), mostrando además un incremento del 25% respecto de 2005.
- Presión arterial elevada en el 35% de la población, sin señales de reducción de este indicador en el tiempo.
- Colesterol elevado en el 29% de la población.
- Glucemia elevada en el 13% de la población, un 50% más que en 2005.
- Bajo consumo de frutas y verduras, tal que solo un 6% de la población consume al menos 5 porciones de estos alimentos al día.
- Aunque decreciente, sigue siendo alto el porcentaje de población con consumo excesivo de sal (que la añade después de la cocción), alcanzando un 16%.
- Un 22% de la población fumadora y un 25% población expuesta al humo de tabaco en el hogar (y 21% en lugares públicos). Cabe desatar la marcada reducción de la exposición al humo en los últimos años (en torno al 50%).
- Más del 25% de la población que no utiliza el cinturón de seguridad en automóviles y 35% que no utiliza casco en motos. Adicionalmente, un 15% de los automovilistas manejó habiendo bebido alcohol.
A su vez, se destaca el desconocimiento de la población respecto de su salud. Por ejemplo, un 30% de los que presentaron hipertensión no se declararon como tales. Algo similar se observó con el colesterol elevado, y en menor medida con la glucemia elevada.
De los factores de riesgo a los problemas de salud
Es fácil intuir que estos factores de riesgo tienen consecuencias directas en la salud de la población. Pero para ser más precisos, puede recurrirse al primer (y único) estudio realizado en Argentina de carga de muerte y enfermedad en el país (2010). Este estudio ratifica algunas tendencias observadas en el mundo, como pueden ser el aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Sucintamente, de este estudio se destaca lo siguiente:
- Las enfermedades cardiovasculares, las neoplasias malignas (distintas formas de cáncer) y las lesiones no intencionales (principalmente accidentes viales) explican más del 60% de los años de vida perdidos por muertes prematuras, tanto en hombres como en mujeres.
- La pérdida de años de vida saludables por discapacidad en hombres es explicada principalmente por cardiopatías isquémicas y otras afecciones cardiovasculares, accidentes cerebro-vasculares (ACV), accidentes viales, asfixia perinatal, afecciones respiratorias, diabetes, EPOC, entre otras. En mujeres hay que agregar entre las principales causas al cáncer de mama y enfermedades neuropsiquiátricas (depresión y demencia).
La conexión entre la carga de la enfermedad y los factores de riesgo es directa. Al respecto el estudio del Ministerio de Salud (2010) señala: “En un análisis simplista, observando las primeras afecciones que en hombres y mujeres producen alta carga de enfermedad, es fácil interpretar que existen factores de riesgo compartidos, y si bien algunos de ellos ya tienen una plataforma de control, debieran aun ser más intensamente modificados. Los conocidos factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, basados en los viejos conceptos del estudio Framingham, siguen teniendo vigencia y requieren de políticas de Estado para su control, y no que solamente abarquen sectores parciales.”
Delineando políticas públicas
Se reconoce un espacio donde el estado puede actuar sobre el problema descripto. Muchas de las acciones de prevención (acciones directas sobre la salud) tienen características de bien público, y por lo tanto competen casi exclusivamente al estado su provisión. Así pueden encontrarse campañas de concientización sobre la alimentación y hábitos saludables, educación para la salud (PAHO, 2017) y el suministro de información sobre los riesgos de salud asociados al consumo de alcohol, tabaco, elección de la dieta o la inactividad física (Adeyi y otros, 2007). En esta línea de políticas, un caso para citar es el de Finlandia, que resolvió los problemas cardiovasculares de su población con estrategias conocidas como “community- based interventions” para cambiar los hábitos alimenticios y de estilo de vida.
El estado nacional en su rol de rectoría de los sistemas provinciales de salud, podría analizar el diseño de impuestos para cambiar algunos hábitos alimenticios. La racionalidad económica de este tipo de políticas radica en que las dietas no saludables de la población generan externalidades (negativas). De manera tal que los individuos que deciden sobre su dieta no lo hace percibiendo todos los costos que esto supone (gastos asociados al tratamiento de enfermedades generadas por malos hábitos).
Los alimentos con altos contenidos de grasas, sal y azúcar podrían ser gravados con el objeto de reducir el consumo de estos bienes específicamente. Pero debe atenderse a su diseño para lograr resultados deseados. Por ejemplo, pueden ser focalizados sobre un alimento en particular, un grupo de ellos, o bien un ingrediente o nutriente. Este último caso podría ser aplicado a la sal o azúcar para reducir la utilización de los mismos en todos los alimentos.
Diversos trabajos señalan que la reducción del consumo suelen no ser muy significativos, o bien se observa un efecto sustitución hacia bienes igualmente poco saludables. Por ejemplo, habría evidencia de que gravar el consumo de grasas se asociaría con un mayor consumo de azúcar. De ahí que una combinación de impuestos-subsidios focalizados podría presentar una mayor efectividad en orientar el consumo hacia una dieta más saludable, por ejemplo para incentivar el consumo de frutas y verduras. En el Reino Unido se aplica un programa de vouchers para el consumo de frutas, vegetales y leche a ciertos grupos poblacionales (Hawkes y Sassi, 2015).
Por otro lado, las políticas regulatorias han sido eficaces por ejemplo en reducir las externalidades asociadas al consumo de tabaco o en la utilización de aceite vegetal hidrogenado (grasas trans) en forma masiva en la industria alimenticia.
En todo caso, la política pública tiene que ser integral. Los intentos de gravar las bebidas azucaradas en 2017 fueron estériles, en parte por la presión de las provincias productoras de azúcar. Por otro lado, la política de estabilización de precios de alimentos (precios cuidados) contempla una canasta de bienes cuyo consumo en exceso podría ser perjudicial para la salud.
En síntesis
La ENFR (2019) alerta sobre aspectos que inciden directamente sobre la salud de la población, explicando buena parte de la carga de enfermedad. Estos factores suelen tener una raíz profunda en hábitos y conducta difícilmente modificables en el corto plazo. Las iniciativas que se llevan a cabo desde las políticas de salud deben ser complementadas con otras acciones (impuestos, regulaciones, entre otras) de forma coordinada y con cierta sostenibilidad en el tiempo.
Después de todo, tal como lo ilustra Adeyi y otros (2007), estas acciones pueden ser más costo-efectivas que intentar resolver el problema cuando es tarde: “No todas las intervenciones implican el mismo valor por dinero en términos de mejoras en salud por unidad de gasto. Por ejemplo, el presupuesto de salud de un gobierno de un tamaño dado se traduce en menores beneficios en salud para la población si se gasta exclusivamente en cirugías de marcapasos en lugar de en aspirina para reducir la probabilidad de un ataque al corazón. Así, siendo igual todo lo demás, una evidencia fuerte sobre efectividad en costo puede ser un aporte útil para las decisiones de asignación de presupuesto.”
Referencias
Adeyi, O., O. Smith y S. Robles (2007): Las políticas públicas y el reto de las enfermedades crónicas no transmisibles. Banco Mundial.
Hawkes, C. y F. Sassi (2015): Improving the quality of nutrition. En “Promoting health, preventing disease. The economic case”. OECD and WHO.
Ministerio de Salud de la Nación (2010): Estudio de carga de Enfermedad en Argentina.
Organización Panamericana de la Salud (PAHO, 2017): educación para la salud con enfoque integral. Documento conceptual.
Secretaría de Salud de la Nación (2018): Análisis de situación de salud. República Argentina.
Secretaría de Salud de la Nación (2019): Cuarta encuesta nacional de factores de riesgo.
