Brechas de género en Argentina

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Por Máximo Croce (FCE-UNLP) y Fabrizio Di Massimo (FCE-UNLP)

¿Por qué hablamos de “igualdad” y no de “equidad de género”? Para entender esta distinción es importante resaltar la diferencia esencial que existe entre ambos conceptos. La igualdad puede ser considerada un derecho humano universal e inalienable. Según la Real Academia Española, la igualdad es un principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Este principio hace referencia a la igualdad de derechos, responsabilidades, oportunidades y resultados para mujeres, hombres, niñas y niños reconociendo la diversidad de los diferentes grupos. En particular se desprende de este concepto que las mujeres no deberían sufrir ninguna forma de discriminación por su condición de tal en lo que respecta al goce y ejercicio de todos sus derechos.

Por el otro, el concepto de equidad es un principio ético-normativo asociado a la idea de justicia, bajo el cual se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja, en función de la idea de justicia que se tenga y haya sido socialmente adoptada.

Como se puede ver, la idea de equidad no hace referencia alguna a eliminar la discriminación en el trato entre hombres y mujeres, sino que siempre dependerá de cuestiones subjetivas como aquellas “socialmente aceptadas”. Sin embargo, la igualdad sí va de la mano con el principio de la no discriminación y, en este sentido, la igualdad sólo será posible en la medida en que se erradique la discriminación contra las mujeres.

Es por esto que la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) [1] instó a tomar nota de que los términos “equidad” e “igualdad” transmiten mensajes distintos, por lo que recomendó utilizar sistemáticamente el término “igualdad”.

Desigualdad de género, ¿discusión ética o económica?

Las desigualdades existentes entre varones y mujeres respecto al acceso, remuneración y permanencia en el mercado laboral así como en el ejercicio de sus derechos deben revertirse, para comenzar, por una cuestión ética.

Sin embargo, no es el único argumento por el que una sociedad debería proponerse la erradicación de las desigualdades de género: diversos estudios han mostrado que la incorporación de las mujeres al mercado laboral así como la eliminación de los sesgos de género es una decisión económicamente inteligente.

Si se observa el fenómeno a nivel mundial, de acuerdo a un informe del McKinsey Global Institute del año 2015 [2], en un escenario donde las mujeres jugasen un rol idéntico al de los hombres en el mercado laboral (iguales tasas de participación, misma cantidad de horas trabajadas e igual participación dentro de cada sector productivo) el PBI mundial podría aumentar aproximadamente en USD 28 billones (o un 26% más) para el año 2025.  

Este último punto resulta de particular relevancia para Argentina, teniendo en cuenta la ventana de oportunidades que tiene nuestro país debido a la existencia del “bono demográfico”. Dado que se estima que para 2037 la población dependiente (es decir, aquellos que no se encuentran en edad de trabajar) superará a la población en edad económicamente activa, es crucial invertir en políticas públicas que fomenten el alza de la participación laboral de las mujeres. Se identifica un doble beneficio asociado a la inclusión en el mercado laboral de las mujeres que se encuentran inactivas: (i) mayores ingresos de los hogares debido a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo; (ii) una mejora en la tasa de sostenimiento del sistema previsional. En línea con lo observado, Rogoff (2014) señala que se pueden mitigar los efectos negativos de la reducción del crecimiento demográfico relajando las restricciones de las migraciones internacionales y fomentando la entrada de más mujeres en la fuerza laboral o la permanencia de jubilados en ella.

A nivel nacional y regional, según Arancha González, directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional [3], «si se cerrase la brecha de género en la Argentina se llegaría a aumentar el PBI en un 16% en el corto plazo y hasta un 18% en el largo plazo». Además, agrega, “sabemos que en América Latina la brecha de género genera pérdidas de 14% del PBI, cuando se lo compara con Europa, por ejemplo, donde esa cifra es de 10%”.

Desigualdad de género en Argentina: algunos números

Nuestro país ostenta el nivel más bajo de analfabetismo y el segundo lugar con respecto a la cantidad de años de educación promedio de América Latina, sólo apenas por debajo de Chile. Sin embargo, y a pesar de que las mujeres en promedio se educan más que los varones (el 15% de las mujeres completaron estudios universitarios o de posgrado contra un 11% de los varones, EPH-INDEC 2do semestre 2017), su inserción laboral sigue ligada a sectores peor remunerados y que resultan una extensión de las tareas realizadas en su ámbito privado, normalmente ligadas a las tareas del hogar y de cuidado.

Otro indicador relevante es la tasa de graduación universitaria: mientras que en el período 2012-2016 la tasa de graduación universitaria promedio fue de un 39% de los hombres, este porcentaje asciende a 61% en el caso de las mujeres. Al mirar al interior de estos indicadores resulta interesante el hecho de que en las carreras comprendidas dentro de las “ciencias aplicadas” como Ingeniería e Informática solamente el 36% de los estudiantes a nivel nacional son mujeres mientras que, en carreras relacionadas a las “ciencias humanas” como Educación, Letras o Psicología dicho porcentaje asciende a un 70%, reforzando así de alguna manera el rol social de “lo masculino y lo femenino”.

Como se mencionó anteriormente, si bien las mujeres se educan más que los hombres, su participación en el mercado de trabajo dista aun de ser igualitaria.

La participación laboral de las mujeres ha crecido fuerte y sostenidamente a nivel mundial desde comienzos de los 70s. En América Latina dicha participación pasó del 20% en los 60s al 65% hoy en día. Sin embargo, este fenómeno se encuentra en un proceso de desaceleración desde hace unos años a esta parte.

En este contexto Argentina no es la excepción, la economista Natsumi S. Shokida, con datos de la Encuesta Permanente de Hogares publicada por el INDEC, muestra que la tasa de actividad femenina sigue estancada desde el año 2002. Haciendo foco en el panorama actual, puede observarse que mientras que en el segundo semestre del año anterior las mujeres tuvieron una tasa de actividad del 47,6%, la misma para los hombres fue mayor en 22 puntos porcentuales. La brecha se observa también en la tasa de empleo (43,5%, frente a un 65,7% masculina) y desempleo (8,7% contra 6,1%) [4].

No solo las mujeres se educan más y tienen una menor participación laboral, sino que además ganan menos: controlando por diversos factores, las mujeres ganan en promedio un 27% menos que los varones. Este fenómeno puede explicarse por un lado por el hecho de que las mujeres tienen mayor participación en sectores asociados a su rol social de cuidadoras, los cuales cuentan con una menor remuneración, como lo son el servicio doméstico (91% de mujeres) y la educación (77% de mujeres). Por el otro, enfrentan muchos obstáculos a la hora de acceder a puestos directivos y de mayor remuneración: solamente 34% de las personas en puestos de dirección son mujeres.

Conclusiones

A pesar de la importancia no solo ética sino económica que tiene invertir en la igualdad de género, las disparidades persisten. En Argentina, las brechas de género se expresan en múltiples dimensiones, cada una de ellas estrechamente vinculadas entre sí. Estas brechas se observan no solo en el sector privado sino también en el sector público, donde, a pesar de observarse una evolución en la participación femenina en el total de los trabajadores, los puestos directivos o de conducción siguen siendo ocupados principalmente por varones.

En este contexto, se resalta la importancia de llevar a cabo políticas fiscales tendientes a la reducción de estas brechas. De este modo, el presupuesto público surge como una herramienta que tiene el Estado para transformar esta realidad, dado que es un instrumento que nos muestra las prioridades reales de un gobierno y permite comprender qué grupos sociales, instituciones y programas se benefician del acceso a los recursos.

En este sentido, el presupuesto con perspectiva de género (PPG) se transforma en una herramienta esencial y prioritaria a la hora de promover la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos más básicos de todas las mujeres. La importancia de la asignación de recursos públicos etiquetados a programas y acciones que benefician particularmente a las mujeres radica en que su destino se garantiza por ley y no puede ser utilizado para un fin distinto.

Sin embargo, se debe recalcar que no se trata solo de financiar iniciativas explícitas destinadas a las mujeres, sino que se requiere un análisis integral de las políticas fiscales y las decisiones presupuestarias y su impacto en la igualdad de género. La evidencia nos muestra que las políticas de género se encuentran poco jerarquizadas y dispersas dentro de la estructura estatal, por lo que hoy por hoy no parecen ser una prioridad real de los gobiernos.

Puede consultarse su versión completa en el siguiente link:

http://asap.org.ar/revista/2018/58/02-brechas-de-genero-en-argentina

 

Referencias

[1] Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU), CEDAW, siglas en inglés.

[2] Ver https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth

[3] Agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas.

[4] Ver http://economiafeminita.com/la-desigualdad-de-genero-se-puede-medir/