El costo de administrar el silencio y las perspectivas de Argentina

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Por Ricardo López Murphy
Ex Ministro de Economía y Defensa de la Nación

Una evaluación de la situación Argentina y su probable evolución requiere tomar en cuenta cuatro dimensiones significativas.

Ellas son en primer término, la de su propia historia y condicionantes, a partir de las dificultades que sucesivos episodios de default de la deuda pública, no menos de nueve en su historia institucional, en una lectura restrictiva y benigna, que aparejados a acciones violatorias de los derechos de propiedad, como lo han sido distintas confiscaciones e indisposiciones de depósitos en el sistema financiero nacional generan una desconfianza estructural que limita las opciones disponibles para la gobernabilidad argentina.

En segundo término, resulta primordial estudiar el desempeño de sus instituciones, dada su crónica fragilidad en términos de una gobernanza similar a los países que se organizan en base al estado de derecho.

En tercer término, el desempeño del sistema político y la canalización de las demandas, valores, aspiraciones y anhelos de una sociedad heterogénea y compleja, no solo en su dimensión social sino también geográfica, ha ofrecido históricamente vulnerabilidades que culminaron en fracasos de orden político, en algunos casos resuelta con la prematura renuncia de los que ejercían la primera magistratura, y en casos más graves con una ruptura institucional abierta, que concluyó en episodios muy delicados de excesos de todo tipo.

En cuarto término, se requiere una evaluación de las políticas públicas a seguir por la administración entrante y su consistencia con las restricciones que la economía impone, así como por una secuencia y una proporcionalidad a la demanda que tales condicionamientos implica.

Volviendo a lo mencionado en el primer acápite, es indudable que las reiteradas y sucesivas crisis, derivadas de la crónica insolvencia fiscal que se tradujo en los nueve defaults en la historia política del país, crean una dificultad en términos de confianza y credibilidad, probablemente inéditas en un país de un ingreso per cápita de la magnitud de Argentina. Este aspecto nunca debe ser subestimado, por cuanto condiciona radicalmente las opciones institucionales y organizativas. Probablemente niveles de deuda pública y de desequilibrio fiscal que son tolerables en otros países, en el caso de Argentina -por esa desconfianza nutrida en la historia- crean inconvenientes sumamente severos que demuelen el sustento político y gubernamental en los primeros meses de cada gestión.

En el caso del segundo aspecto señalado en la introducción, la cuestión institucional y su diseño ha condicionado el comportamiento y funcionamiento de la administración y la gestión política. El problema que está siendo enfatizado, tiene mucho que ver con la fragilidad de su ordenamiento presupuestario, en los distintos niveles de gobierno, en particular su carácter de letra muerta en lo que hace a las decisiones de gobierno y a la gestión financiera del Estado. Ello se agrava aún más por la total ausencia de la autonomía de la autoridad monetaria, de los desórdenes y desvaríos fiscales y financieros. La precariedad de los arreglos contractuales y reglas que prevalecen en la economía piramidan y actúan dialécticamente con la naturaleza caótica de la administración financiera del Estado (presupuesto y tesorería) y el desorden monetario. En estas cuestiones, al igual que con la historia de incumplimientos, hay sin duda un desequilibrio muy marcado en relación a otros países, tanto de la región como de similar ingreso per cápita. El costo de previsibilidad y de desconfianza de esta faceta, cuyo mejor registro contemporáneo, es que aún no hay aprobado un presupuesto para el año fiscal que comienza en un mes, ni visos de una formulación conceptual del mismo, al tiempo que, no hay un plan monetario y financiero mínimamente viable para los cuatro meses próximos, y por supuesto el año que viene generando una importante incertidumbre para las decisiones de todos los agentes económicos de la sociedad civil.

En relación a lo mencionado en los primero párrafos, en tercer lugar, el funcionamiento del sistema político arroja algunos datos constructivos. Más allá de todas las limitaciones, ha habido noticias positivas en este flanco. Así por ejemplo, en medio de una campaña electoral muy agresiva y polarizada, se produjo el acto comicial en condiciones pacíficas y transparentes. El resultado que arrojaron las urnas fue aceptado por perdedores y ganadores con gran rapidez ni bien finalizado el escrutinio. Es un lugar común en la experiencia mundial, que la clave de un sistema político y de un régimen electoral es que los perdedores acepten pacífica y consensualmente el resultado de las urnas. Afortunadamente en ese sentido hay un progreso ostensible, sistemático y valioso.

Para subrayar aún con más optimismo este hecho debe decirse que en la misma noche del escrutinio, el presidente en ejercicio derrotado en la contienda electoral, invitó al presidente electo a un desayuno para coordinar la transición política. Dados los antecedentes de gran conflictividad y virulencia de los episodios anteriores, este es un progreso que no debe ser subvaluado.

Sumando los hechos señalados y los desequilibrios contabilizados, casi de manera natural, entre luces y sombras aparece el cuarto aspecto, que fuera introducido en los párrafos iniciales, se trata en este caso de los problemas de las políticas públicas a emprender por la nueva administración, que van a formar el conjunto de las reglas del juego en el cual se van a desempeñar la sociedad civil y el propio Estado. Allí nuevamente aparece un aspecto que no se puede dejar de puntualizar de carácter negativo, que influye inevitablemente en el pronóstico de corto plazo. No sólo no está definido el presupuesto para el año que viene, ni hay un explícito un programa monetario para el verano con requisitos de emisión excepcionales en términos comparados sino que también se carece de un programa para lidiar con la reestructuración de la deuda interna y externa anunciada hace prácticamente tres meses. No se debe subestimar, la enorme incertidumbre que eso genera, dado que se ha seguido pagando los servicios de la deuda pública pero no se ha podido colocar nueva deuda, afectando de manera extrema las reservas internacionales y la expansión monetaria. En la misma línea de dificultades, están las reglas para las empresas reguladas. Sobresale el extraordinario hecho que las reservas excepcionales de gas necesitan para ser explotadas estabilidad de reglas y consistencia de ellas con la realidad económica. La falta de definiciones ha producido una parálisis de la inversión que es muy nociva para el desempeño económico. Recuérdese que llevamos una caída de prácticamente 15% en el consumo y del 30% de la inversión desde el primer trimestre del 2018. A esto se agrega otro elemento muy significativo que es la indefinición de las relaciones con los organizamos multilaterales que son acreedores de Argentina por prácticamente el 40% de la deuda pública. Como es conocido, esa relación que tiene privilegio respecto a otro tipo de acreencia, requiere una definición previa para ser consistentes tanto el plan monetario, el programa presupuestario, los programas de reestructuración y las regulaciones que se establezcan.

No hay tampoco una definición sobre las políticas tributarias y arancelarias en concreto, ni aun de modo más significativo, con el impacto del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. No se ha podido precisar si habrá o no continuidad de políticas con el sustancial efecto que esto causa en las decisiones de inversión. Sería prácticamente imposible en cualquier país del mundo invertir sin saber cuál será el marco tributario y arancelario instituido.

Más aun, Argentina desde el retorno de la democracia ha privilegiado una relación muy cuidadosa con sus vecinos, en particular con Brasil, cuyo tamaño es de cinco veces el de nuestro país y cuya interacción económica afecta singularmente la región. El mismo caso se verifica con Chile. Si hay un tema que ha causado escozor en los ambientes empresariales y financieros es el alto nivel de conflicto con las autoridades brasileñas. En el mismo plano se encuentra también la cuestión de la relación con los Estados Unidos de Norteamérica, dado no sólo su significativo rol en materia económica a nivel mundial, sino también por su peso vital en los organismos internacionales y en los programas de ayuda que recibiera Argentina en los momentos de mayor crisis en los dos últimos años.

Este conjunto de indefiniciones políticas o el costo de administrar el silencio del nuevo equipo de gobierno es enormemente significativo en términos de los rezagos sobre la recuperación de nuestra economía. Los costos que se han ido acumulado por la indefinición en las materias citadas tienen un largo proceso de reversión y son sin duda una de las señales más preocupantes en el escenario de un país que viene de una caída del ingreso per cápita del 14% en los últimos ocho años, de una tasa de inflación del 300% en el último período presidencial y de la recurrencia a métodos inusuales en la administración de las finanzas y la moneda, como son el cepo y el reperfilamiento, que es un eufemismo para no reconocer el nuevo incumplimiento en el que se ha incurrido.

Sin duda que las perspectivas futuras están afectadas por estos aspectos negativos y positivos narrados pero, en particular, por el costo creciente del período de espera e indefinición de las políticas que organizarán la actividad de la sociedad civil y del estado en el próximo periodo de gobierno.

Se agradece la colaboración de la Dra. Cecilia Rumi.