El gran desafío de la educación de los bonaerenses

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Por Juan J. Llach
Ex Ministro de Educación de la Nación

Son varias las evidencias del deterioro de la educación de los alumnos bonaerenses en el último cuarto de siglo, en comparación con los de otras provincias y países. En las evaluaciones de la escuela primaria de 1993 (ONE), la provincia de Buenos Aires (PBA) era segunda y en Aprender 2016 cayó al décimo lugar. Al mismo tiempo, Córdoba subió del octavo al tercer lugar, Mendoza mejoró del quinto al cuarto, la ciudad de Buenos Aires se mantuvo primera y Santa Fe cayó del tercero al sexto. En la secundaria, los estudiantes de la PBA mejoraron del décimo al séptimo puesto, pero el desempeño promedio de ambos niveles empeoró. Es posible que esto se deba, en buena medida, al deterioro de los aprendizajes en el conurbano.

Por su magnitud y volumen, la caída de la PBA ha influido en la de la Argentina respecto de otros países en las evaluaciones internacionales de las dos últimas décadas. Comparando los aprendizajes de las regiones educativas de la PBA, se encuentran amplias ventajas para las de mayor nivel socioeconómico. También hay evidencias de que, en la Argentina, y a igualdad de todos los demás factores, se ha ampliado la brecha de aprendizajes entre los alumnos de las escuelas de gestión estatal y de gestión privada a favor de estos últimos. Sumado al fenómeno de la emigración de alumnos de escuelas estatales a privadas, resulta una creciente segregación social entre escuelas, con cada vez más «escuelas pobres para los pobres».

Otros indicios del deterioro son la pérdida de días y horas de clases, entre las mayores del país, por paros muy frecuentes y un estatuto del docente que otorga amplio margen al ausentismo. Por otro lado, la jornada extendida en las escuelas primarias estatales de la PBA es solo para un 6,6% de los alumnos (5,7% en el conurbano), menos de la mitad del promedio nacional (14,4%), y en marcado contraste nuevamente con Córdoba, que tiene un 49% y es, casi seguramente, uno de los factores de su mejora. En fin, la pena es mayor porque buena parte de este deterioro ocurrió en el mejor contexto económico mundial para la Argentina en un siglo, que no aprovechamos.

Surgen muchas hipótesis para explicar esta declinación. La Ley Federal, tal como se aplicó, sobre todo la EGB 3; el frecuente recurso a la huelga, sobre todo del principal gremio docente, Suteba, con mayor presencia en la primaria; salarios docentes similares al promedio nacional, pero quizás más distantes de los esperados en la PBA; el crecimiento de la matrícula en el nivel medio; la burda aplicación del constructivismo; cierta tendencia, durante el gobierno anterior, a incluir más alumnos bajando las barreras en vez de exigir lo necesario y posible a cada estudiante; la licuación del Fondo del Conurbano; un fuerte deterioro del capital físico de las escuelas, en buena medida por mala administración; los violentos ciclos económicos, sobre todo el de 2001-2002 y sus efectos sociales y, en fin, las características dramáticas de la pobreza, la indigencia y la mala administración en muchos partidos del Conurbano, al compás también del avance del consumo de drogas y del narcotráfico.

Todos estos factores han influido, pero hay que realzar los específicos de la PBA. Ellos son el conurbano y su desprotección al licuar, entre 2002 y 2017, el Fondo asignado a él; la gran cantidad de paros y huelgas; el modo de aplicar la ley federal y la EGB 3; la confusión entre inclusión genuina y facilismo aplicada hasta 2015 y, asociada a ella, una burda aplicación del constructivismo que redujo el rol del maestro.

A cargas tan pesadas, y a su interacción, se agrega un problema estructural. El sistema educativo de la PBA es la mayor organización de la Argentina, estatal, mixta o privada. Además, atiende, diaria y personalmente, a 4.700.000 chicos y jóvenes, en 20.900 instituciones educativas, distribuidas en más de 18.000 establecimientos. Y cuenta con un número, difícil de precisar, de entre 350.000 y 400.000 docentes, y una burocracia no menor. Créase o no, hasta la gobernación de María Eugenia Vidal este sistema se intentaba gobernar como hace décadas, con papelerío por doquier y sin información computarizada. Ahora se está implementando otro, acorde al siglo XXI, pero aun así cabe preguntarse si no sería necesaria una mayor descentralización, al menos de algunas funciones, ya sea transfiriendo la educación inicial y primaria a municipios preparados para ello o creando sub-regiones educativas.

En cuanto a las políticas, hay al menos dos que son cruciales. Una es lograr, tan rápido como se pueda, «escuelas ricas para los pobres», algo por lo que abogo hace mucho tiempo. Es para celebrar que la PBA esté desarrollando el programa Red de Escuelas de Aprendizaje, cuyo foco son las más necesitadas, vinculándose así con el programa nacional de Escuelas Faro. Se piensa llegar a 2000 escuelas y 500.000 estudiantes y 55 partidos de la PBA, con mayores aprendizajes, mejor el clima escolar, reducción del abandono y de la repitencia y un consecuente aumento de la graduación. En verdad, todas las políticas educativas deberían dar prioridad, en el tiempo y en recursos, a las escuelas más necesitadas.

Otro paso esencial para revertir la situación es una nueva carrera docente, optativa para quienes ya ejercen y obligatoria para los que se incorporen, respetando así los derechos adquiridos. A la hora de fijar salarios debe perder peso el mero paso del tiempo y dar mayor relevancia a jerarquizar la profesión docente, social y económicamente, con mayor gravitación de la formación básica, los logros objetivos de maestros y directores y su capacitación genuina y situada. También, como lo establece la ley de educación nacional de 2006, permitir que un docente llegue al máximo nivel salarial sin dejar el aula; propender a profesores por cargo en vez de por horas, y lograr que los mejores maestros y directivos enseñen en las zonas más necesitadas.

Obviamente, esta nueva carrera requiere de amplios acuerdos políticos y sociales, algo difícil en la Argentina. Pero alientan casos como el de la Red de Acción Política (RAP), cuyo grupo de trabajo de educación, integrado por quince políticos de diversos partidos, trabajó sistemáticamente varios años y logró acuerdos muy importantes que incluyen una nueva carrera docente.

Nada de esto será posible fuera de un contexto de desarrollo sostenible, inclusivo y más equitativo. Quizá ningún desafío es mayor para la Argentina que mejorar de raíz las escuelas bonaerenses. Lograrlo será un signo de que el país, finalmente, consigue superar los desencuentros crónicos y la decadencia.


Nota publicada originalmente en La Nación el día domingo 28 de octubre de 2018.