Antes que el futuro nos alcance
Por Luciano Di Gresia (UNLP y Observatorio Fiscal Federal) y Pablo Garat (Observatorio Fiscal Federal)
El día a día de la realidad argentina nos abruma con multiplicidad de datos e interpretaciones acerca de la coyuntura económica. La evolución de la inflación, el déficit fiscal, el tipo de cambio, el endeudamiento externo, el crecimiento del PIB, son algunos de los conceptos con los que tratamos de hacernos una idea acerca del rumbo que lleva nuestro país. Entre tantos aspectos, uno amerita especial atención considerando una agenda estratégica que necesitamos debatir. Se trata del indicador de pobreza que periódicamente publica el INDEC. Cada tanto observamos la evolución de la cantidad de pobres e indigentes que son identificados a partir de una metodología de comparación de ingresos con el costo de una canasta de consumo. Recientemente se publicaron los resultados para el segundo semestre de 2017, indicando una mejora en la cantidad de personas pobres e indigentes desde un 28,6% en el semestre anterior, a un 25,7%.
Sin embargo, dentro de la situación de pobreza e indigencia hay un resultado que no debe pasar desapercibido. Se trata de la medición por grupos de edad, lo cual configura un aspecto estructural de nuestra situación social, extrapolable hacia el futuro.
Los resultados para el segundo semestre del año pasado muestran que, para el caso de los individuos entre 0 y 14 años, el nivel de pobreza e indigencia es de 39,6%.Es decir 4 de cada 10 niños son pobres o indigentes, mientras que el nivel de pobreza o indigencia disminuye para los sucesivos grupos etarios, registrándose una proporción de pobres de 6,2% en el caso de los mayores de edad (más de 65 años).
Esta particular configuración de la pobreza e indigencia según edades resulta inquietante en términos de desarrollo y sustentabilidad fiscal. Los 4 de cada 10 niños que son pobres o indigentes hoy, tienen gravemente comprometido su futuro por estar expuestos a problemas de nutrición y escolaridad en mayor medida que los demás en esa franja de población. Esta distribución de pobreza o indigencia por edad: a) agrava la sustentabilidad intergeneracional del sistema previsional, por déficit de oferta laboral adecuada a futuro, que deberá ser cubierto con migraciones calificadas – lo cual en sí mismo requiere un debate ni siquiera iniciado- y b) al mismo tiempo proyecta un gasto social aún más gravoso para atender la futura población madura que por déficit nutricional y educativo carecerá de oportunidades laborales. Y ni siquiera consideramos aquí el otro 30 % de la población pobre o indigente de 15 a 29 años, también en etapa educativa o de capacitación laboral en pleno siglo XXI con sus desafíos al futuro del trabajo.
¿Qué se ha hecho desde las políticas de Estado en función de esta situación?
Esta pregunta podemos encararla desde un análisis de asignación presupuestaria. En este sentido, el inciso 8 del artículo 75 de la Constitución Nacional, combinado con el inciso 2 del mismo artículo, indican el deber ser. El Congreso debe fijar anualmente el presupuesto en base a un programa general de gobierno según pautas de equidad, solidaridad, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
Si analizamos el esfuerzo de asignación presupuestaria de recursos escasos, vemos que, desde hace unos 15 años, la evolución de los componentes del gasto público consolidado muestran un marcado sesgo incremental hacia el sector previsional.
El porcentaje de población con beneficio previsional ha crecido enormemente producto de sucesivos procesos de otorgamiento masivo de beneficios sin el consiguiente aporte.
En el año 2002 el 8,1% de la población total disponía de algún beneficio previsional (una prestación o más). Esa ratio se ha ido incrementando paulatinamente hasta llegar a un récord histórico de 13,3% en el año 2017.
En términos de esfuerzo presupuestario, el gasto puramente previsional alcanza en la actualidad un 25% del gasto total consolidado de todos los niveles de gobierno (Nación Provincias y municipios). Mientras que el otro 75% debe destinarse a todas las otras funciones del Estado en el territorio. Obviamente que quisiéramos satisfacer las máximas necesidades de todos, pero no olvidemos que siempre hablamos de recursos escasos que deben detraerse de la actividad económica y el patrimonio de los contribuyentes bajo la forma de impuestos actuales (genuinos o producto de la inflación) o impuestos futuros (endeudamiento actual).
El peso del sistema de pensiones en las economías nacionales es uno de los tópicos más relevantes en el estudio comparado a nivel internacional. El envejecimiento de la población y la informalidad del mercado laboral conspiran en distintas proporciones según el país de que se trata para alcanzar un equilibrio intergeneracional que no comprometa el desarrollo.
Frente a ello aparece la teoría del “bono demográfico” según la cual los países se enfrentan al desafío de “hacerse ricos antes que lleguen a viejos”. (Fanelli, 2003). Europa ya no tiene en esto retorno. Nosotros sí. La llamada “ventana de oportunidad demográfica” (VOD) es una oportunidad todavía abierta y de manera estable, según los especialistas, hasta 2040. No es mucho tiempo y si miramos la evolución del sistema previsional desde 1992 y el crecimiento de la pobreza e indigencia infantil, hemos perdido 25 años en esto y corremos el riesgo de encontrarnos en el peor de los escenarios para entonces si el tema no se instala como la más urgente de las políticas de Estado. Obviamente no podemos desatender el compromiso con nuestros ancianos y su derecho constitucional a una justa retribución como jubilación o pensión. Pero la alternativa no pueden ser los niños, su nutrición y educación actuales, que constituyen el componente de equilibrio para ese escenario futuro. Esto se resuelve con impuestos especiales o endeudamiento. Es decir con el peso sobre la generación actual o la futura, o mejor con un mix de ambas fuentes. Pero ello hoy tiene graves obstáculos. El desarrollo federal no soporta más presión fiscal y el nivel de endeudamiento se va acelerando peligrosamente otra vez. Este es el nucleo duro del debate que no damos.
Entonces, y con sentido propositivo, cabe preguntarse si no ha llegado la hora de reconocer primero esta grave situación estructural ausente del debate con el lugar que corresponde. De seguir como hasta ahora – aún con cierto crecimiento de la economía, control de la inflación y mejoramiento del nivel de inversión-, en veinte años el 40 % de niños pobres o indigentes actuales (desnutridos y con deficiente educación) no constituirán la población económicamente activa y calificada que contribuya a sostener el creciente número de nuevos beneficiarios del sistema previsional por el incremento de la expectativa de vida. Y probablemente nos encontremos entonces frente a otro desafío del siglo XXI: los procesos inmigratorios masivos, derivados del envejecimiento y la falta de oferta laboral adecuada. Cuestión que ni siquiera se insinúa en la agenda política nacional.La combinación entre la situación de mayor pobreza e indigencia en los niños y sesgo en la asignación presupuestaria incremental hacia el gasto previsional en los últimos años es la foto de la actualidad. La película que viene asociada a esa foto es la de un bote donde los recursos están sesgados a quienes ya están dejando de remar y quienes tienen que remar sobre las aguas del desarrollo económico están mal nutridos y sin fuerzas. Es un claro dilema entre justicia con el pasado y posibilidad de desarrollo futuro. Para lo cual deberíamos de una vez por todas aprovechar la discusión presupuestaria del 2019 para comenzar a diseñar un verdadero programa de gobierno con estrategia de mediano y largo plazo, saliendo de la tradicional construcción inercial del presupuesto.
En medio de tantas urgencias quizá hoy la mayor de nuestras urgencias sea atender lo importante. Antes que, inexorablemente, el futuro nos alcance.
